El juez federal, Andrew Hanen, suspendió temporalmente la entrada en vigor de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama. La decisión de la Corte Federal para el Distrito Sur de Texas es un día antes que la administración iba aceptar aplicaciones para la acción deferida de inmigrantes mayores de 30 años que entraron como niños a los Estados Unidos.

La decisión suspende temporalmente la acción ejecutiva que anuncio el Presidente Obama el 20 de noviembre del año pasado, que protege de deportación a posiblemente cuatro a cinco millones de padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales (DAPA) que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 y no tienen antecedentes criminales. La accione ejecutiva también amplía la cobertura de la Acción Diferida (DACA) de 15 de junio de 2007 al 1 de enero de 2010. Esta amplificación entraba en vigor el 18 de febrero. La acción ejecutiva frena las deportaciones y concede un permiso de trabajo por tres años y que se puede renovar al tercer año.

La suspensión del juez es provisional y es en respuesta a una demanda presentada en diciembre del año pasado por 26 estados contra la acción ejecutiva, donde argumentan que la medida viola la Constitución de los Estados Unidos. Pero la suspensión no significa que la corte decidió que la acción ejecutiva viola la constitución de los EU. La suspensión provisional ocurre mientras la Corte Federal sigue revisando la demanda y toma una decisión final de los méritos del caso.

El actual argumento de los demandantes es que Obama no siguió la Ley de Procedimiento Administrativo, “Administrative Procedures Act,” en crear su orden ejecutiva, especialmente el requisito de notificación y comentario, “notice and comment requirement” que es el procedimiento típico para implementar regulaciones federales.

La suspensión no es la decisión final del juez. Es una suspensión mientras el juez decide si la acción ejecutiva viola la constitución.  La suspensión no es buena señal porque normalmente en este tipo de caso, el juez solo ordena una suspensión cuando el Juez piensa que hay posibilidades que va decidir el caso en contra del gobierno. Pero todavía es posible que decida a favor del gobierno.

Además de Texas, los estados demandantes son Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Michigan, Mississippi, Montana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Utah, Virginia del Oeste y Wisconsin.  Trece estados y le Distrito de Columbia están a favor de la administración.

El gobierno federal está argumentando que los estados no tienen la autoridad, referido a “standing,” de demandar el gobierno en la corte, porque no pueden mostrar que el gobierno estatal está siendo afectado por la acción ejecutiva. Los estados argumentan que ellos están afectados porque tendrán que pagar por escuelas públicas para niños indocumentados, gastos de hospital de los inmigrantes indocumentados que no tienen seguro de salud, y gastos adicionales para asegurar la frontera.

Ahora esperamos que el Departamento de Justicia inmediatamente pida un amparo temporal o “stay” de la suspensión, ante el Quinto Tribunal de Apelaciones del Circuito.  Si el Quinto Tribunal decide a favor del gobierno y ordena un amparo de la suspensión, el programa continuara de nuevo. Mientras tanto la Corte del Quinto Tribunal decide finalmente sobre la suspensión que se puede demorar varios meses. Si el Quinto Tribunal decide en contra del gobierno, el programa tendrá que esperar. Mientras tanto el Juez Hanen todavía tendrá que dar su decisión final sobre los méritos del caso de los estados.

Los demandantes escogieron el Juez Hanen a propósito para este caso porque piensan que es su mejor chance de decidir a su favor. Anteriormente este juez ha hecho comentarios fuertes en contra de inmigración. Este proceso legal va ser demorado y posiblemente va terminar en la Corte Suprema de los Estados Unidos.

En mi opinión la Corte del Quinto Tribunal va decidir a favor del presidente. Después de toda loa política de inmigración, la pregunta legal aquí tiene que ver con el poder ejecutivo del presidente y varios jueces conservativos creen en un poder ejecutivo fuerte. Claro que todo depende de cuales jueces son escogidos para este caso.

Yo les aconsejo que tengan paciencia y sigan reuniendo sus documentos para que estén listos cuando el gobierno anuncie que van aceptar estas aplicaciones.

Les continuare informando de este caso y cualquier cambio en la ley por medio de mi programa La Verdad de La Ley que pueden escuchar todos los días a las 7:30 y 8:00 de la mañana.

El Abogado Stefan Latorre tiene oficinas en Charlotte, Monroe, Greensboro, Hickory, Columbia, Greenville y Jacksonville Florida. Puedes llamar al abogado al 1.800.966.6769.